Con un acta, donde se establece, entre otras cosas, la creación de un consejo territorial municipal para avanzar en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, la Administración seccional demuestra una vez más que la concertación es el mejor camino para superar las diferencias en Nariño.

En el marco de la propuesta lanzada por el Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, de adelantar una mesa de diálogo para buscar una solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito en Tumaco, comunidades campesinas, afros e indígenas llegaron a un acuerdo con la comisión de la Administración seccional y del Gobierno Nacional para avanzar en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, y poner así fin a los bloqueos en la vía que une a este municipio con Pasto.

En la reunión, encabezada por el Secretario de Gobierno de Nariño, Edgar Insandará, el Asesor de Paz, Harold Ruiz, el Gerente del Pacífico, Óscar Alzate, la Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos, Sonia Rosero, el integrante de la Comisión de Paz, Pablo Pardo, los representantes de la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, Coccam, líderes campesinos y alto Gobierno, establecieron un consenso con el objetivo de brindar garantías de seguridad y defensa de los derechos humanos a las comunidades dedicadas a dicha actividad en esta zona del departamento.

“Cabe destacar que en la implementación de este programa, la Gobernación de Nariño de Nariño está acompañando como garante para que haya una atención integral en nuestra capital del Pacífico”, manifestó el Secretario de Gobierno, Edgar Insandará.

En el acta suscrita se pactó también la constitución del Consejo Territorial Municipal del PNIS para materializar el cronograma de realización de las asambleas veredales, consejos comunitarios y resguardos indígenas.

 De igual forma contempla el ingreso de nuevas comunidades organizadas al PNIS que no se encuentren inmersas en los acuerdos firmados anteriormente. Asimismo, se dio luz verde para que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuya al seguimiento a las investigaciones sobre los hechos de violencia que ocasionaron heridas a personas civiles y funcionarios de Policía y el fallecimiento del patrullero de esta institución, Bayron Fernando Recalde Morcillo, como consecuencia del bloqueo que finaliza tras este acuerdo.