El 2 de diciembre de 2009 se suscribió convenio entre el Instituto de Crédito Oficial a nombre del Gobierno de España y la Gobernación de Nariño para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en algunos sectores de la costa pacífica nariñense. Esta administración recibe el proyecto después de 7 años con problemas de formulación y definición de alcance, dadas las difíciles condiciones hídricas de la zona y sin haber empezado ejecución.

Reconociendo la importancia que representa toda inversión destinada a resolver un problema vital como el acceso a agua potable, hemos venido trabajado articuladamente desde la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable con la Agencia de Cooperación Española AECID, la comunidad y la administración municipal para reactivar este proyecto cuyo alcance beneficia a los sectores y centros poblados de La Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal en Tumaco, un municipio que presenta un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas y coberturas de acueducto por debajo del promedio departamental.

Como resultado, hemos logrado redefinir el alcance del proyecto y tener un panorama claro para la ejecución de los recursos asignados y comprometidos en el convenio, lo que posibilitó el inicio de los trámites finales para la estructuración de un proyecto integral y la ejecución final de las obras, en las que se contempla, entre otros, llevar el recurso hídrico desde el rio Ñambí, pasando por los cuatro centros poblados y poblaciones intermedias, hasta la planta de tratamiento del casco urbano de Tumaco.

Para ello, el aporte de AECID equivale al 50.1% mientras el aporte de la Gobernación es del 49.9%, condición previa que obliga a que la ejecución del convenio se ajuste a los parámetros establecidos legalmente para el manejo de aportes de la cooperación internacional, lo que genera ciertas particularidades respecto a tiempos y movimientos contractuales, para los que se exige autonomía administrativa, financiera y jurídica, condición que por la estructura administrativa de la Gobernación de Nariño no cumple el Plan Departamental de Aguas, el cual es el responsable de la ejecución del proyecto. Esta situación, y de acuerdo a las exigencias del aportante, hizo necesaria la búsqueda de una entidad que estuviera en la capacidad de operar como unidad ejecutora del proyecto, razón por la cual se realizó un análisis detallado de los posibles ejecutores de carácter privado y/o oficial, concluyendo que Empresa de Servicios Públicos de Pasto, EMPOPASTO S.A E.S.P. además de tener alcance regional, cuenta con la idoneidad, la experiencia y la capacidad técnica, jurídica y administrativa para llevar a feliz término este importante proyecto.

Por esta razón, se han venido realizando extensas jornadas de trabajo y mesas técnicas con la participación de la empresa EMPOPASTO S.A E.S.P y con AECID, con el fin de suscribir el contrato que nos permita dar inicio a la ejecución de obras en terreno, previa aprobación del Comité de Gestión.

Este es otro paso más hacia la defensa de lo púbico, pues actualmente Empopasto se constituye en una empresa pública eficiente, reconocida a nivel nacional y que demuestra una vez más que lo público es rentable si se maneja con transparencia y principios de alta gerencia. De este modo la administración departamental aporta a la regionalización de Empopasto y garantiza la ejecución de estos recursos.

El Gobernador de Nariño, Camilo Romero, manifestó que “de esta forma se concreta la ejecución de un proyecto de gran importancia para las comunidades rurales del municipio de Tumaco y que hoy más que nunca necesitan el respaldo y el impulso de las entidades del Estado para iniciar la construcción de paz territorial con enfoque integral”.

Finalmente, es válido reiterar que de no haberse avanzado con el proceso de reactivación de este proyecto, los recursos destinados por parte de la cooperación española se hubieran tenido que devolver, además de evitar que la entidad territorial recibiera una sanción por parte de la cooperación española, que establece un impedimento para recibir recursos por 10 años según lo establecido en la Ley de Subvenciones Española y Decretos Reglamentarios de la Ley del Presupuesto General del Estado.