El Gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano presidió el Comité Departamental de Justicia Transicional ampliado que contó con la presencia de los 64 municipios. Este Comité se convocó con el fin de socializar proyectos que superaron las metas propuestas en el Plan de Acción Territorial para Atención a Víctimas propuesto por la Gobernación de Nariño.

El Plan de Acción Territorial para Atención a Víctimas permite la coordinación, articulación e implementación de Política Pública de Víctimas en diferentes aspectos como: proyectos de vivienda, educación superior, atención en ayuda humanitaria, planes de prevención, así como brindar herramientas para la no repetición.

“Gracias a un trabajo participativo y modificando el método para generar impacto en el territorio, se realizaron mesas subregionales desde la colectividad con los alcaldes de los municipios de las subregiones para que diagnostiquen, desde los planes de acción, sus necesidades. Así mismo, las subregiones diseñaron proyectos desde sus potencialidades que puedan minimizar los conflictos desde sus intereses comunes para generar paz, teniendo en cuenta que son 431.597 víctimas en el departamento según la red nacional de información”, afirmó Carlos Bravo Subsecretario de Paz y Derechos Humanos.

La representante de la Mesa de Participación de Víctimas, Concepción Quiñones, manifestó que “es muy importante este ejercicio pues se hace un trabajo de corresponsabilidad entre instituciones, alcaldías, y mesa departamental para generar proyectos de desarrollo para la población de forma articulada”.

Jaime Guerrero Vinuesa, Director de la Unidad de Víctimas añadió: “esta dinámica de rendición de cuentas de la gobernación es muy satisfactoria para crear un trabajo interinstitucional entre población víctima y entre lo gubernamental y social para fortalecer los programas que garanticen políticas de atención a víctimas”.

Con la realización de este Comité, como autoridad máxima, garantizan que la población tenga esta estrategia para fortalecer acciones territoriales que garanticen salvaguardar sus derechos desde la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a víctimas.