Ante la necesidad de las comunidades por participar en asuntos relevantes de sus territorios y defender el uso del suelo frente a asuntos minero-energéticos, la ciudadanía de San Lorenzo está convocada por el Comité por la Protección del Agua, La Vida y el Territorio a expresar su opinión en la Consulta Popular de manera autónoma el próximo 25 de noviembre de 2018.
Esta iniciativa popular cuenta con el apoyo de observadores garantes y veedores para que sean testigos del ejercicio democrático, tales como; la Misión de Observación Electoral - MOE, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Red de Hermandad de ONGs Europeas - REDHER, La Universidad Javeriana y el Instituto Pensar, el Laboratorio Espacio, Economía y Poder de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, la Universidad Mariana, la Universidad de Nariño, la Confluencia por el Agua en Nariño, el Movimiento Agroecológico - MAELA, el Sindicato del Magisterio de Nariño - SIMANA, y el Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA.
Durante este proceso, se harán consultas estudiantiles y actividades artísticas en San Lorenzo buscando incorporar las voces de los niños y jóvenes frente a su territorio. La difusión oficial de los resultados de la Consulta Minera se realizará el 28 de noviembre en una rueda de prensa.
“La consulta en San Lorenzo es importante porque nuestras montañas, nuestra agua y nuestro futuro está en riesgo; porque se les han dado permisos a multinacionales para que exploren en la zona alta donde nacen todos nuestros acueductos, es un permiso sin consultar a las comunidades para eso es la consulta para que tengan en cuenta a los campesinos a los que estamos viviendo en el territorio” expresó, Camilo Delgado, Vocero del Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio.
Esta consulta minera se ampara en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991 referente al derecho “Todas las personas a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.
Derivado de ese artículo esta la ley 136 de 1994 que en el artículo 33 dice que el uso del suelo lo establece cada ente territorial y menciona que “cuando hay proyectos de naturaleza minera o de otro tipo que amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley”
Ante la imposibilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por financiar la consulta, los recursos para su desarrollo fueron auto gestionados por el Comité Impulsor quienes contaron con el apoyo de la ONG Global Greengrants Fund.